Hoy se dan casos que exigen nuestra participación, o al menos una tomas de postura.
No podemos dejar que los oyentes y lectores de una señal privada manejen nuestros destinos como país. Hace falta compromiso.
Del blog de Lucas Funes Olivera tomé prestados estos posts.
Para que te vayas dando una idea de qué hablamos cuando hablamos y de qué no nos dicen cuando dicen.
apoyo la Ley de Medios
pero no soy, por ésto, oficialista
que quede claro
me avergüenza cierta oposición
que teme apoyar este proyecto
tan necesario
[ . . . ]
En primer lugar: aun si se descuenta que el proyecto sobre medios audiovisuales pasará con éxito la Cámara alta y no aparece una Banelco corporativa capaz de torcer la voluntad de algunos senadores... ambiguos, digamos, restará un período impreciso pero siempre largo, muy largo, en el que se reacomodarán las piezas operativas (y más extenso todavía, tal vez, si se cuentan amparos judiciales, impugnaciones parlamentarias, eventuales intentos de la oposición para revocar la ley, etcéteras). Suponiendo que todos esos muros son sorteados, pasará que los nuevos actores sociales, empresarios, culturales, en disposición de acceder a una licencia de radio o tevé, deberán demostrar su actitud y –sobre todo– aptitud para semejante cosa. Y a fin de que lo demuestren, en ese momento de no se sabe cuándo, tendrá que colaborar decisivamente un Estado dispuesto al apoyo concreto. Porque no hay dos tortas publicitarias. Hay una sola. Es fantasioso que podrá repartirse lo que no se genera. O lo que sí se produce pero para seguir distribuyéndolo entre unos pocos. Las radios (que por razones de baratura tecnológica son el gran sujeto del eventual cambio), e incluso los canales de televisión, dan antes pérdidas que ganancias; y no solamente por algunos sueldos estrafalarios, incompatibles con los ingresos de un mercado achicado. Mucho más que un negocio en sí mismo, son un estilete de poder para marcar agenda y obtener otros negocios, colaterales, gracias a la influencia periodística ejercida. En un país pobre como éste no hay lugar para que un nuevo ejército de aspirantes conduzca y administre medios, a menos que el Estado cargue pilas con una política de promoción y subsidios de pymes, cooperativas y combinados de esa naturaleza. E incluso haciendo eso, deberá haber una orientación que segmente las audiencias por rama de gustos y colectivos sectoriales, al estilo de la radiofonía norteamericana, so pena de que los pequeños se devoren entre sí con ofertas de idéntica o similar raíz comunicacional. Si la respuesta a “en qué me cambia la vida según gane éste o aquél” pretende ser técnica, directa, facilonga, mejor dejar de buscarla porque no la hay. Más también: la respuesta es “en nada”, si es cuestión de qué se percibirá, en el andar diario de las clases medias y populares, a corto-mediano plazo. Y hasta en el largo, si no se dan las condiciones apuntadas.
[ Eduardo Aliverti se planta y cambia la pregunta ]
En primer lugar: aun si se descuenta que el proyecto sobre medios audiovisuales pasará con éxito la Cámara alta y no aparece una Banelco corporativa capaz de torcer la voluntad de algunos senadores... ambiguos, digamos, restará un período impreciso pero siempre largo, muy largo, en el que se reacomodarán las piezas operativas (y más extenso todavía, tal vez, si se cuentan amparos judiciales, impugnaciones parlamentarias, eventuales intentos de la oposición para revocar la ley, etcéteras). Suponiendo que todos esos muros son sorteados, pasará que los nuevos actores sociales, empresarios, culturales, en disposición de acceder a una licencia de radio o tevé, deberán demostrar su actitud y –sobre todo– aptitud para semejante cosa. Y a fin de que lo demuestren, en ese momento de no se sabe cuándo, tendrá que colaborar decisivamente un Estado dispuesto al apoyo concreto. Porque no hay dos tortas publicitarias. Hay una sola. Es fantasioso que podrá repartirse lo que no se genera. O lo que sí se produce pero para seguir distribuyéndolo entre unos pocos. Las radios (que por razones de baratura tecnológica son el gran sujeto del eventual cambio), e incluso los canales de televisión, dan antes pérdidas que ganancias; y no solamente por algunos sueldos estrafalarios, incompatibles con los ingresos de un mercado achicado. Mucho más que un negocio en sí mismo, son un estilete de poder para marcar agenda y obtener otros negocios, colaterales, gracias a la influencia periodística ejercida. En un país pobre como éste no hay lugar para que un nuevo ejército de aspirantes conduzca y administre medios, a menos que el Estado cargue pilas con una política de promoción y subsidios de pymes, cooperativas y combinados de esa naturaleza. E incluso haciendo eso, deberá haber una orientación que segmente las audiencias por rama de gustos y colectivos sectoriales, al estilo de la radiofonía norteamericana, so pena de que los pequeños se devoren entre sí con ofertas de idéntica o similar raíz comunicacional. Si la respuesta a “en qué me cambia la vida según gane éste o aquél” pretende ser técnica, directa, facilonga, mejor dejar de buscarla porque no la hay. Más también: la respuesta es “en nada”, si es cuestión de qué se percibirá, en el andar diario de las clases medias y populares, a corto-mediano plazo. Y hasta en el largo, si no se dan las condiciones apuntadas.
[ Eduardo Aliverti se planta y cambia la pregunta ]
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Los abajo firmantes apoyamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque entendemos que la actual concentración de medios de comunicación en manos de monopolios privados cercena el derecho a la información de nuestra sociedad, avasallando una de las conquistas más importantes y colectivas de la democracia, como es la libertad de expresión, en nombre de la defensa de sus intereses particulares. También entendemos que los binarismos no sirven para llevar adelante un debate productivo sobre esta ley fundamental, porque es una ley que trascenderá a los mismos actores en disputa. Ni el Gobierno ni la oposición ni las empresas monopólicas tienen las mismas responsabilidades, frente a una creciente demanda social de reforma del sistema de medios audiovisuales.Porque más allá del contexto en que el debate se produce -originado en parte por los intereses que afecta el proyecto de ley- es inaceptable que la comunicación audiovisual siga regulada por una ley que, impuesta bajo la dictadura, cuenta hoy entre sus defensores a entidades como ARPA y ATA, que en ese momento eran parte de la autoridad de aplicación, y que hoy se envanecen en nombre de “la libertad”.
Porque es necesario incorporar la mayor cantidad de gente posible, a través de organizaciones intermedias, a la gestión de los medios y de sus contenidos, y que el Estado garantice una mayor pluralidad, a través de los canales institucionales amparados en la Constitución Nacional y no por intermedio de los intereses económicos de los particulares que, en nombre de la libertad de expresión, aprovechan su desregulada participación en el mercado para manipular la información a los fines de preservar su poder económico y político.
En ese sentido, entendemos al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como una oportunidad histórica de fortalecer la democracia, tanto en lo que respecta a sus instituciones como a las posibilidades de participación. Desmonopolizar mejora la calidad de vida democrática porque impide que un solo actor determine la agenda de la conversación pública liberando también a los trabajadores de esos medios monopólicos de las garras de un solo patrón. A su vez no hay democracia posible si los poderes que de ella surgen no garantizan una pluralidad de voces real, que dé cuenta de la polifonía de una sociedad que requiere de la participación de todos sus actores. Libertad de expresión entendida como participación pública de toda la sociedad, de un Estado que la garantiza, y no como construcción comunicacional de los negocios y acuerdos que se hacen puertas adentro. Una ley que garantiza mayor transparencia en la producción y circulación de contenidos, que la ley que nos legó la dictadura y aún hoy sufrimos.
Esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual será una Ley de la Democracia, fruto de dos décadas de debates, celebrados en foros, universidades nacionales y entidades de bien público que entienden al derecho a la información libre, plural e independiente como un paso más en la mejora de la calidad institucional y política de una sociedad. A 26 años del fin de la dictadura cívico-militar, se impone la necesidad de revalorizar la libertad de expresión en nombre de los intereses colectivos. Una ley que abra la posibilidad de convertir a la información en un bien público y no en un negocio que ha demostrado responder no sólo a la remanida libertad de empresa, sino a la imposición de políticas y agendas propias de un totalitarismo de mercado que se sustenta en la desinformación y la manipulación de un derecho adquirido por la sociedad en su conjunto.
Lucas Sebastián Oliveira
y muchos otros más
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